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miércoles, 18 de mayo de 2011

Chile Agradece

Miércoles 18 de mayo de 2011
El lunes falleció a los 92 años, procesado por la justicia de izquierda y esperando condena, el general Herman Brady. El 11 de septiembre de 1973, como Comandante de la Guarnición de Santiago, debió allanar La Moneda y reducir al GAP (Guardia Armada Personal) de Salvador Allende, cuerpo clandestino (sus miembros usaban "chapas") e ilegal (no estaban autorizados por la ley como grupo armado) de que se rodeó ese mandatario.

Pocas semanas antes falleció el general César Raúl Benavides, quien fuera ministro del Interior y también formara parte del grupo de generales que condujo al Ejército durante el Pronunciamiento reclamado por la mayoría democrática del país e impetrado por los representantes de ésta en la Cámara de Diputados. Recuérdese que votaron por convocar a las Fuerzas Armadas y Carabineros a poner término a la situación existente los diputados de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano, Democracia Radical e Izquierda radical.

Ambos generales, como todos sus camaradas de las diversas ramas, recibieron en 1973 el aplauso agradecido de la mayoría de los chilenos. El Acuerdo de la Cámara había detallado los peligros que acechaban a la democracia chilena, entre ellos el más inminente: el de un triunfo del ejército clandestino organizado bajo el patrocinio de la UP, con no menos de diez mil hombres en armas (contabilidad del líder socialista Altamirano) y otros tantos extranjeros (certificados por la OEA después del 11 de septiembre de 1973).

Hoy aquel aplauso se ha olvidado. Hubo un Frei Montalva I que defendía el Pronunciamiento en la prensa europea y un Frei Montalva II que, pasado el miedo, lo condenaba. Hubo un Aylwin I que ofrecía el apoyo de su partido a la Junta en enero de 1974 y un Aylwin II que "veinte años después" sometió al escarnio y la condena públicos a los militares. Los respectivos testimonios contradictorios de Aylwin I y Aylwin II quedaron inmortalizados en YouTube, para perpetua memoria.
Los que tramaban el golpe totalitario se han convertido en "víctimas" y quienes se lo impidieron en "victimarios". Un general refiere hoy en el diario digital "Chile Informa", que solicitó al Presidente de la República que los uniformados presos, que son 70, no tengan que ir esposados a los exámenes médicos que demanda su avanzada edad. Y el Presidente prometió velar por que se les quitaran las esposas al ingreso al hospital. ¡Qué maravilloso gesto de magnanimidad! ¡Qué prócer de corazón tan grande!

El abogado Marcelo Elissalde, preocupado de este tema y siempre atento al curso de los atropellos a la legalidad de que son víctimas los uniformados, nos comunica que los decesos de los generales Benavides y Brady han llevado a 11 el número de los oficiales fallecidos en condición de procesados y esperando condena. Y que, por otra parte, son ya 10 los fallecidos cumpliendo condena. Entretanto, la justicia de izquierda, que domina sin contrapeso en los tribunales, prepara otros 1.200 procesos, a raíz de los cuales, contra las leyes vigentes, ella espera condenar a muchos más uniformados y granjear al extremismo y su entorno las correspondientes indemnizaciones millonarias, que son el verdadero móvil de esta renovada inquietud judicial.

Así Chile agradece a quienes salvaron la democracia, reconstruyeron el país "desde las cenizas" (James Whelan) legadas por Allende y lo convirtieron en "la joya más preciada de la corona latinoamericana" (Bill Clinton, 1991).
Publicado por Hermógenes Pérez de Arce

lunes, 9 de mayo de 2011

Un País Difícil

Lunes 9 de mayo de 2011
Tal vez la buena noticia para el país (aprobación de Hydroaisén) no resulte buena para el Gobierno. Unos centenares de manifestantes violentos en Coyhaique, Concepción, Valparaíso y Santiago y unos letreros de "Piñera Terrorista Ambiental" pueden transformar un logro (asegurar abastecimiento eléctrico con energía limpia, sin otro costo que inundar algunas laderas deshabitadas) en otro factor de impopularidad presidencial, en este caso inmerecida.

En otros es merecida, porque se anuncia la supresión de la cotización de salud de los jubilados y todos estos votan por el candidato, pero después resulta que muchos jubilados quedan excluidos por la "letra chica". O se anuncia un posnatal de seis meses y todas las mujeres creen que durante ese plazo tendrán un subsidio, pero después resulta que no era para todas ni menos, en particular, para el 72 por ciento de las mujeres pobres que no tienen contrato de trabajo. De nuevo había "letra chica", cuando la gente votó por la "letra grande", los anuncios y promesas de la campaña, que eran tan limpiamente absolutos.


Tal vez por eso la encuesta "Giropaís" ("La Segunda",09.05.11), dice que "el personaje menos creíble" del país es el Presidente. La interpretación es que lo ponen en ese lugar de dudoso privilegio los que creyeron en "la letra grande" y han sido excluidos por "la letra chica". Y también, desde luego, los desilusionados por el incumplimiento de la propia "letra grande", como los integrantes de la "familia militar", confiada en la promesa de que el Presidente velaría por la aplicación de las leyes en los juicios contra uniformados, cosa que no ha hecho en absoluto.

Si ya este es un país difícil de contentar, cuando más encima se le dan razones reales para el descontento se puede volver francamente desagradable. Como debe serlo para el Gobierno que, en la misma encuesta, el 55 por ciento evalúe negativamente la gestión presidencial, versus el 30 por ciento que la estima positiva. Hace un año, los porcentajes eran, respectivamente, 36 y 34 por ciento.
Y la misma encuesta señala un 45 por ciento de apoyo, como futura Presidente, a Michelle Bachelet. La sigue el ministro Laurence Golborne, con sólo 8 por ciento.


Siempre se ha sabido que es más fácil prometer que cumplir y hacer oposición que gobernar, cosa que los numerosos aspirantes a esto último suelen olvidar.



Publicado por Hermógenes Pérez de Arce

domingo, 8 de mayo de 2011

Nobel de la Paz Póstumo .

Domingo de mayo de 2911.
En Chile tuvimos también terrorismo homicida, como el de Al Qaeda. Recuerdo una publicación a página entera, con los retratos de 47 miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros asesinados entre 1978 y 1986 por el terrorismo marxista del MIR y el FPMR. 
De esos 47 asesinatos se había logrado identificar a los autores de 23, todos de los grupos terroristas citados. Estaban siendo juzgados en tribunales (ver detalles en mi columna del 23.07.86 en "El Mercurio"). A ninguno el gobierno del Presidente Pinochet lo mandó ejecutar como lo hiciera el Presidente Obama con el jefe terrorista Osama Bin Laden y muchos otros. 



Y en un caso en que un grupo de carabineros dio muerte a tres cabecillas del grupo terrorista FPMR, Parada, Guerrero y Nattino, el gobierno del Presidente Pinochet promovió la destitución de la Junta de Gobierno del representante de Carabineros, por su responsabilidad política en esa actuación de subordinados suyos, y puso los antecedentes en manos de la justicia. Los autores del triple ajusticiamiento purgan hoy cadena perpetua, y no han recibido ningún reconocimiento ni premio, como los han recibido los autores de las ejecuciones sin juicio de Bin Laden y otros.



Asimismo, durante el Gobierno Militar, las denuncias fundadas de torturas fueron entregadas a los tribunales de justicia y, así, fueron condenados en los años '70, por apremios ilegítimos, los integrantes de un "Comando de Vengadores de Mártires", que aplicaron esos apremios a subversivos. Posteriormente, el mayor de Ejército Carlos Herrera, fue condenado a presidio por iguales apremios contra un ayudista del FPMR sorprendido trasladando explosivos, el cual falleció a raíz del maltrato recibido (si bien fue llevado a un hospital por el propio Herrera, procurando salvarle la vida).




En cambio, el gobierno del Presidente Obama autoriza la tortura para obtener información (técnica del "submarino" o simulacro de asfixia bajo el agua, en Guantánamo) y también lleva a cabo la ejecución sin forma de juicio de los miembros de Al Qaeda. Esta semana lo hizo no sólo con su jefe y otros tres, sino con ocho más el jueves último, mediante misiles lanzados por un avión no tripulado en Pakistán("La Segunda", 06.05.11).




Es evidente la superioridad ética del gobierno del Presidente Pinochet sobre la del gobierno del Presidente Obama. No obstante, este último ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En cambio, el Presidente Pinochet nunca tuvo la posibilidad de acceder a un reconocimiento semejante, pese al mayor mérito moral de sus actuaciones antiterroristas por sobre las de Obama.




¿No sería de justicia, ante tales evidencias, que el Comité Nobel de Suecia considerara la posibilidad de otorgar, como un acto reparatorio de la evidente injusticia cometida, un Premio Nobel de la Paz póstumo al Presidente Pinochet?
Dejo lanzada la idea. Estoy seguro de que no caerá en el vacío. El Comité Nobel de Suecia tiene la palabra.



Publicado por Hermógenes Pérez de Arce.

sábado, 7 de mayo de 2011

El Discreto Cambio de la Justicia

Viernes 6 de mayo de 2011
Un descubrimiento que se me ha revelado patentemente en las últimas décadas es el de que la justicia está politizada en todas partes. Yo creía que lo estaba sólo en Chile, pero el juicio al ex Presidente Pinochet en Inglaterra me demostró que allá también, aunque menos que acá. Pues los jueces ingleses, politizados y todo, se preocupaban, al menos, de encontrar siquiera algún resquicio legal para probar la responsabilidad y condenar, en cambio a los de acá no les importa nada lo que digan las leyes o, a veces, hasta la verdad de los hechos, con tal de dictar sentencias condenatorias "políticamente correctas". 


Por ejemplo, el juez Guzmán no vacilaba en procesar, en el caso de la comitiva del general Arellano (que estudié en detalle y respecto al cual publiqué un libro), contra toda evidencia y legalidad, riéndose de la verdad, la amnistía, la prescripción y la cosa juzgada. En cambio, los jueces ingleses se preocuparon de encontrar aunque fuera un solo caso que no cayera bajo la prescripción (y lo encontraron: el de un muchacho abatido por carabineros una noche en Curacautín, en diciembre de 1988, al filo de la prescripción) para inculpar a Pinochet y acceder a entregarlo a la justicia española.




En Estados Unidos, hace un quinquenio, se presentó una querella contra el ex mayor Fernández Larios (asilado allá) presentada por los familiares de un fusilado en Copiapó, en 1973. Éste había sido ejecutado por uniformados del regimiento local y sin ninguna participación de Fernández, que a la sazón se encontraba comprobadamente en Santiago. Como las pruebas de esto eran claras y yo se las había entregado a un hermano de Fernández Larios, no tuve dudas de que la justicia norteamericana no podría condenarlo. ¡Pero lo hizo! Evidentemente, la "corrección política" era tan fuerte allá como acá para imponerse sobre la verdad, la justicia y la legalidad.



Ahora, en Chile, el mismo fenómeno de la influencia política en los fallos se está registrando de manera sutil y paulatina en sentido opuesto: han sido dictadas nuevas sentencias contra uniformados, igualmente contrarias a derecho y, muchas veces, contra la verdad de los hechos, pero (un cambio muy importante) admitiendo que los uniformados víctimas de la prevaricación cumplan sus penas bajo el régimen de libertad vigilada y no en presidio.


¿Que ha sucedido? Que en el país hubo un cambio político. Ahora hay un gobernante que, si bien no cumplió su promesa de instar por conseguir que en los juicios contra uniformados se respetaran las leyes, al menos no está interesado en que sean condenados, como lo estaban los anteriores gobiernos de izquierda. Entonces los jueces siguen prevaricando igual que antes, pero con menos saña: por lo menos los ilegalmente condenados no quedan tras las rejas. Los impolutos magistrados chilenos se hacen eco de un sutil cambio político.




Claro, es verdad que ya en Chile casi nadie queda tras las rejas. Todos los procesados del "caso bombas" han dejado de estar en prisión preventiva, siendo que si alguien representa "un peligro para la seguridad de la sociedad", son ellos. Ahora están "presos" en sus hogares. (De paso, es digno de anotarse que, desde que la fiscalía empezó a operar contra ellos, dejaron de estallar bombas. ¡Aleluya!).




Ni siquiera Colombia ha podido conseguir que el comunista-FARC chileno Manuel Olate le sea extraditado, porque un juez de izquierda, lógico, rechazó la solicitud de extradición. El gobierno colombiano ha apelado ante la Corte Suprema. 


De paso, como se publicó el jueves 5 en "El Mercurio", un jefe policial colombiano desplegó ante el tribunal el organigrama de los nexos de las FARC en Chile y nombró específicamente a dos diputados comunistas, Guillermo Teillier (quien en años pasados fuera el "encargado militar" de su partido) y Hugo Gutiérrez, como vinculados a dicha guerrilla. Pero, por supuesto, nadie acá hará nada al respecto. Al contrario, se considera casi natural que los comunistas estén vinculados a la guerrilla.





 Si yo tuviera la "experticia" computacional necesaria, insertaría aquí mismo la foto de un sonriente Sebastián Piñera en La Moneda junto a sus invitados Teillier, Gutiérrez y otro diputado del PC, Lautaro Carmona. Este último, para no desmerecer, apareció frecuentemente mencionado en los e-mails del caído jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien el ejército colombiano liquidó en territorio ecuatoriano como si hubiera sido un Bin Laden cualquiera.
Teillier, incluso, se ha pavoneado en la Cámara de su participación en la internación clandestina de armamento terrorista en la caleta de Carrizal Bajo, en 1986. 




En Chile el terrorismo de extrema izquierda goza de "carta blanca". Recordamos ahora al cabecilla del atentado de 1986 contra el Presidente Pinochet (en el cual fueron asesinados cuatro uniformados), César Bunster, departiendo en La Moneda amablemente con la entonces presidenta Bachelet. Claro, había más de algo en común en el pasado de ambos. Típico chileno: terroristas libres, militares presos.




En medio de todo esto, vaya, pues, como una buena noticia la de que se está empezando a dar el fenómeno de uniformados, siempre condenados contra la ley y la verdad de los hechos, pero ahora, al menos, con el beneficio de la "libertad vigilada". ¿Gracias a qué? A que los vientos políticos están soplando en una dirección levemente diferente de la que tenían en el pasado.


Publicado Por Hermógenes Perez de Arce