En Estados Unidos, hace un quinquenio, se presentó una querella contra el ex mayor Fernández Larios (asilado allá) presentada por los familiares de un fusilado en Copiapó, en 1973. Éste había sido ejecutado por uniformados del regimiento local y sin ninguna participación de Fernández, que a la sazón se encontraba comprobadamente en Santiago. Como las pruebas de esto eran claras y yo se las había entregado a un hermano de Fernández Larios, no tuve dudas de que la justicia norteamericana no podría condenarlo. ¡Pero lo hizo! Evidentemente, la "corrección política" era tan fuerte allá como acá para imponerse sobre la verdad, la justicia y la legalidad.
Ahora, en Chile, el mismo fenómeno de la influencia política en los fallos se está registrando de manera sutil y paulatina en sentido opuesto: han sido dictadas nuevas sentencias contra uniformados, igualmente contrarias a derecho y, muchas veces, contra la verdad de los hechos, pero (un cambio muy importante) admitiendo que los uniformados víctimas de la prevaricación cumplan sus penas bajo el régimen de libertad vigilada y no en presidio.
¿Que ha sucedido? Que en el país hubo un cambio político. Ahora hay un gobernante que, si bien no cumplió su promesa de instar por conseguir que en los juicios contra uniformados se respetaran las leyes, al menos no está interesado en que sean condenados, como lo estaban los anteriores gobiernos de izquierda. Entonces los jueces siguen prevaricando igual que antes, pero con menos saña: por lo menos los ilegalmente condenados no quedan tras las rejas. Los impolutos magistrados chilenos se hacen eco de un sutil cambio político.
Claro, es verdad que ya en Chile casi nadie queda tras las rejas. Todos los procesados del "caso bombas" han dejado de estar en prisión preventiva, siendo que si alguien representa "un peligro para la seguridad de la sociedad", son ellos. Ahora están "presos" en sus hogares. (De paso, es digno de anotarse que, desde que la fiscalía empezó a operar contra ellos, dejaron de estallar bombas. ¡Aleluya!).
Ni siquiera Colombia ha podido conseguir que el comunista-FARC chileno Manuel Olate le sea extraditado, porque un juez de izquierda, lógico, rechazó la solicitud de extradición. El gobierno colombiano ha apelado ante la Corte Suprema.
De paso, como se publicó el jueves 5 en "El Mercurio", un jefe policial colombiano desplegó ante el tribunal el organigrama de los nexos de las FARC en Chile y nombró específicamente a dos diputados comunistas, Guillermo Teillier (quien en años pasados fuera el "encargado militar" de su partido) y Hugo Gutiérrez, como vinculados a dicha guerrilla. Pero, por supuesto, nadie acá hará nada al respecto. Al contrario, se considera casi natural que los comunistas estén vinculados a la guerrilla.
Si yo tuviera la "experticia" computacional necesaria, insertaría aquí mismo la foto de un sonriente Sebastián Piñera en La Moneda junto a sus invitados Teillier, Gutiérrez y otro diputado del PC, Lautaro Carmona. Este último, para no desmerecer, apareció frecuentemente mencionado en los e-mails del caído jefe de las FARC, Raúl Reyes, a quien el ejército colombiano liquidó en territorio ecuatoriano como si hubiera sido un Bin Laden cualquiera.
En Chile el terrorismo de extrema izquierda goza de "carta blanca". Recordamos ahora al cabecilla del atentado de 1986 contra el Presidente Pinochet (en el cual fueron asesinados cuatro uniformados), César Bunster, departiendo en La Moneda amablemente con la entonces presidenta Bachelet. Claro, había más de algo en común en el pasado de ambos. Típico chileno: terroristas libres, militares presos.
En medio de todo esto, vaya, pues, como una buena noticia la de que se está empezando a dar el fenómeno de uniformados, siempre condenados contra la ley y la verdad de los hechos, pero ahora, al menos, con el beneficio de la "libertad vigilada". ¿Gracias a qué? A que los vientos políticos están soplando en una dirección levemente diferente de la que tenían en el pasado.
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