Hermógenes Pérez de Arce
Su columna semanal en el diario EL MERCURIO
Miércoles 27 de Octubre del 2004
Fueron tantas las torturas de la UP, que el acuerdo de la Cámara de agosto de 1973 las citó como una de las razones del llamado a las FF.AA. a poner término a la situación existente.
El Gobierno se afana en que su Informe sobre la Tortura salga antes de las elecciones. Por supuesto, no se refiere a las perpetradas bajo la UP y la DC (1964-1973). Sólo a las posteriores.
El chivo expiatorio de los pecados nacionales compartidos se llama gobierno militar.
En 1965, bajo la DC, el MIR aún era insignificante, pero a mirista que detenían lo torturaban. Los abogados de izquierda así lo denunciaron a la Corte Suprema, pero ésta no hizo caso. Un firmante de esa denuncia era Ricardo Lagos.
Durante las parlamentarias de 1989 se lo recordé en la TV.
Pero su partido, el PS, que en los años 60 y 70 prohijaba al MIR, ya el 89 se había aliado con la DC, de modo que Lagos, incómodo, optó por replicarme que el firmante de la denuncia no había sido él, sino Ricardo Lagos Salinas. Un amigo mío consultó a la Biblioteca Nacional y confirmó que era "Ricardo Lagos Escobar".
Como a los chilenos nos gusta mentir, pero no que nos mientan, sospecho que Lagos perdió los votos suficientes para que resultara elegido su compañero de lista, Andrés Zaldívar, y no él. Andrés nunca me lo ha agradecido, y supongo que Ricardo tampoco me lo ha perdonado.
También durante el gobierno DC, la izquierda exigió presentar públicamente a un mirista que -afirmaba- había sido torturado. Investigaciones lo mostró, pero el hombre no podía tenerse en pie. Se había torcido un tobillo al bajar la escalera, dijeron.
La DC, como buen partido de centro, ecléctico, también flageló a los derechistas presos tras la tentativa de secuestro del general Schneider, en 1970. Entonces, los que hacíamos la revista "Portada" propusimos una idea genial: regular legalmente la tortura.
Cuando asumió Allende se redobló el entusiasmo para practicarla y, como los terroristas eran de gobierno, entonces se flagelaba a opositores políticos. Uno de ellos, el abogado y presidente de la Juventud Nacional, sufrió prolongadas descargas eléctricas en un sillón ad hoc del segundo piso de Investigaciones de Rancagua. Refirió sus tormentos a "El Mercurio" en enero de 1972, revelando que, cuando estaba ya desfalleciente, el comunista subdirector de Investigaciones había procurado hacerle confesar un complot inexistente. Nadie desmintió la denuncia y, por supuesto, el subdirector siguió en su cargo. ¿Habrá sido el sillón eléctrico ya desconectado?
Fueron tantas las torturas de la UP, que el acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 las citó como una de las razones del llamado a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación existente.
Como es obvio, si la tortura era generalizada cuando no había subversión terrorista, habría sido ilusorio esperar que ella desapareciera después de 1973, cuando entró a actuar el ejército terrorista formado bajo Allende. Pero fue en el gobierno militar cuando, por primera vez, los autores de torturas fueron procesados.
A fines de los años 70 se condenó, por ejemplo, a los integrantes de un "Comando de Vengadores de Mártires".
Y en un informe del Departamento de Estado al Congreso norteamericano, en 1986, junto con señalarse al terrorismo como la mayor amenaza a los derechos humanos en Chile, pues había causado 451 víctimas entre muertos y heridos el año anterior (esto se ha olvidado, por supuesto), se informaba de 84 denuncias por tortura contra agentes del Estado ante los tribunales.
El hecho es que, mañana o pasado, los torturadores de 1964 a 1973 van a dar a conocer con amplia publicidad su Informe sobre la Tortura, levantando el dedo índice y acusando con voz tonante a los militares.
Será entonces más pertinente que nunca la exclamación popular reservada en nuestro país para quienes carecen por completo de autoridad moral: "¡Escoba!".
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